La actividad regulatoria ha sido intensa en lo que llevamos de año. Hemos tenido que aprender lo que significa MIFID II, digerir la nueva normativa sobre protección de datos GDPR y sobre información no financiera NFRD, así como preparar la transposición de la revisada directiva europea sobre derechos de los accionistas SRD II, antes de junio de 2019, con nuevas obligaciones para sociedades cotizadas, intermediarios, asesores de voto y, sobre todo, inversores institucionales.

Al mismo tiempo, la necesidad de mostrar un buen comportamiento en materia de responsabilidad social, medioambiental, transparencia y buen gobierno comienza a convertirse en práctica habitual entre los inversores, emisores y demás agentes en los mercados. Todo ello impulsado por las autoridades europeas con el fin de contribuir al progreso de la sociedad y al desarrollo de una economía más sostenible en el largo plazo, generando crecimiento y empleo.

A la Responsabilidad Social Corporativa (RSC, en inglés Corporate Social Responsibility o CSR), inicialmente enfocada en las compañías, se han unido otras tendencias como la Inversión Socialmente Responsable (ISR, Social Responsible Investment – SRI) dirigidas a los inversores y a la exigencia por parte de las autoridades y mercados para que ejerzan su papel fiduciario como dueños de las compañías en las que invierten, a través de la nueva directiva SRD II.

Las empresas cotizadas y en particular las multinacionales españolas han realizado grandes esfuerzos en los últimos años en mejorar su política de responsabilidad social y su gobierno corporativo, alcanzando estándares internacionales. Con la nueva directiva, se pretende que esta responsabilidad se comparta con los inversores, la otra cara de la moneda, como dicen los ingleses “it takes two to tango” (hacen falta dos para el tango). De esta manera, la responsabilidad social no es solo de las empresas, sino también de los inversores.

En España, los inversores institucionales españoles han ido tradicionalmente por detrás de los europeos (y no digamos anglosajones, muy por delante) en estas prácticas, aunque la tendencia está cambiando rápidamente, motivada por el impulso regulatorio y la progresiva implantación de prácticas internacionales. Los grandes inversores y gestores nacionales ahora tendrán que ser más transparentes en su relación con los emisores, definiendo, publicando y cumpliendo sus políticas de voto e implicación (engagement). Estas políticas deben estar integradas en su estrategia de inversión e incluir factores de análisis de rendimiento y riesgos (financieros y no financieros), estructura de capital, factores medioambientales, sociales y de buen gobierno, duración de los
pasivos y consistencia con objetivos a largo plazo.

Al final, todas las siglas confluyen en los factores ASG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza o ESG – Environmental Social Governance), donde la responsabilidad social de las empresas es compartida con la de sus accionistas, incluyendo factores ecológicos, promovidos fuertemente a través del Acuerdo de París de 2015 para combatir el cambio climático, como parte del Plan de Acción de la Comisión Europea, y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS, Sustainable Development Goals – SDG) de las Naciones Unidas. La ONU ha promovido también los Principios Diario Responsable Responsabilidad Social de los Inversores Juan Prieto 2 de Inversión Responsable (Principles for Responsible Investment – PRI), cuyo objetivo fundamental es la integración de los factores ASG en las decisiones de inversión. Junto con la nueva directiva SRD II, se trata de una buena oportunidad de poner al día nuestra legislación en prácticas internacionales de inversión responsable, equiparándola a los mercados de nuestro entorno.

Un reciente informe de KPMG sobre responsabilidad social corporativa a nivel global, señala los
principales preocupaciones de las empresas: el reconocimiento de los riesgos financieros ligados al cambio climático; las referencias explícitas a los ODS de la ONU; la importancia de los derechos humanos en el negocio; la inclusión de los objetivos de reducción de gases contaminantes ligados a objetivos globales o nacionales; y la creciente tendencia a elaborar informes integrados, que recogen tanto la información financiera como la no financiera.

Es importante que todos estos factores confluyan de forma coordinada en el esfuerzo de las empresas y el interés de los inversores en un modelo de sociedad más justa y economía más sostenible, que la A de ambiente y la S de social ganen peso en las decisiones de inversión, pero sin olvidar la G de gobernanza, pues sin buen gobierno es difícil que los demás valores salgan adelante y ofrezcan credibilidad para los mercados y sus participantes.

 

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