España ha sido por una vez pionera en publicar la Ley sobre información no financiera y diversidad en diciembre 2018. En la temporada de Juntas 2019, ya se debe votar un informe detallado en un punto separado del orden del día. Los emisores españoles se esfuerzan una vez más en completar la nueva información, de momento de forma satisfactoria. Los inversores globales celebran este ejercicio de transparencia. Ahora les toca a los institucionales españoles cumplir sus obligaciones con la nueva directiva de derechos SRD II.

El pasado 29 de diciembre, se publicó la Ley 11/2018, por la que se modifica el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010 y la Ley 22/2015 de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad.

Como asesores de voto, queremos enfatizar la importancia de esta normativa y el hecho de tener que votarse por separado, punto en el que España ha sido pionera, con gran detalle sobre aspectos medioambientales, sociales, relativos al personal, los derechos humanos, la corrupción, el compromiso con la sostenibilidad, los resultados y los impuestos por países.

Objetivo: la Ley busca identificar los riesgos para mejorar la sostenibilidad a largo plazo y aumentar la confianza de los accionistas en las empresas en materia ambiental, social y de buen gobierno.

La Ley prevé la divulgación obligatoria de información en las cuentas anuales de las entidades españolas y en el informe de gestión. Este informe se pondrá a disposición del público de forma gratuita y será fácilmente accesible en el sitio web de la sociedad dentro de los seis meses posteriores a la fecha de finalización del año financiero y por un período de cinco años.

El informe contendrá información sobre:

• modelo de negocio, políticas, indicadores y riesgos
• asuntos medioambientales
• cuestiones sociales y relativas al personal
• respeto a los derechos humanos
• lucha contra la corrupción y el soborno
• compromisos de la empresa con el desarrollo sostenible
• procedimientos de subcontratación y relación con proveedores
• relación con clientes y consumidores
• resultados e impuestos por países

Alcance: este informe es obligatorio para las entidades españolas que cumplan estos dos requisitos:

1. que tengan más de 500 trabajadores (250 a partir de 2021) y
2. que sean Entidades de Interés Público o cumpla al menos dos de los siguientes puntos
   1. Más de € 20 millones en activos totales
   2. Más de € 40 millones en ingresos netos anuales
   3. Más de 250 trabajadores

Aplicaciones: la información relacionada con los anteriores temas debe incluir:

1. Breve descripción del modelo de
   negocio de la entidad. Esto debe cubrir su entorno comercial, su organización y
   estructura, los mercados en los que opera, los objetivos y estrategias y los
   principales factores y tendencias que pueden afectar su proyección/ evolución
   en el futuro.
2. Descripción de las políticas
   aplicadas por la compañía con respecto a estos temas, incluyendo los
   procedimientos de diligencia debida, identificación, evaluación, prevención y
   mitigación de riesgos, así como las políticas de prevención.
3. Los resultados de dichas
   políticas, incluidos los indicadores clave de los resultados non financieros
   relevantes que permiten el seguimiento y la evaluación del progreso.
4. Principales riesgos
   relacionados, pero no limitados a: relaciones comerciales, productos o
   servicios que penden tener un impacto negativo y como la entidad gestión dichos
   riesgos.
5. Indicadores clave de resultados
   no financieros relevantes para la actividad comercial específica que cumplan
   con los criterios o comparabilidad, materialidad, relevancia y confiabilidad.
   También se debe explicar cómo se calcula la remuneración para que los
   accionistas comprendan como la empresa establece incentivos a largo plazo y como
   se miden. La composición del comité de remuneraciones también deberá ser
   revelada en un esfuerzo de transparencia.

Los marcos españoles, de la UE o internacionales deben aplicarse para que la información cumpla con las pautas existentes, debiendo informar las empresas el marco utilizado en sus directrices.

Información sobre los impuestos: las compañías españolas ahora deben publicar información sobre:

• Obtención de beneficios por país
• Impuesto pagado sobre dichas ganancias
• Subvenciones públicas recibidas

Información medioambiental: debe incluir detalles sobre los efectos actuales y previsibles de la empresa en el medio ambiente, la salud y la seguridad. Esto incluye un informe sobre el uso de energías renovables y no renovables, las emisiones de gases que contribuyen al efecto invernadero, el consumo de agua y la contaminación del aire.

Gobernanza social: información a los accionistas sobre número total y la distribución de modalidades de contratos, promedio anual de contratos permanentes y temporales, el número de despidos, media de remuneración entre directores y ejecutivos e incentivos a largo plazo clasificados por edad, género, nacionalidad, discapacidad y clasificación profesional.

Derechos humanos: esta información puede referirse tanto a las medidas adoptadas para asegurar igualdad de género como para la salud y la seguridad en el trabajo. Se requiere que las empresas hagan públicas las condiciones laborales y el compromiso con los sindicatos, las medidas para garantizar la protección y el desarrollo de la comunidad, así como los esfuerzos contra cualquier violación a los Derechos Humanos, incluyendo las medidas de prevención, mitigación, gestión y reparación de posibles transgresiones. La información contra el soborno y la corrupción deberá ser publicada junto a las políticas existentes contra el acoso sexual y la discriminación.

Implicaciones: se requiere a los accionistas que voten sobre esta información no financiera por separado en las Juntas Generales de los ejercicios financieros comenzados a partir del 1 de enero de 2018.

ECGS y su socio español, Corporance Asesores de Voto, reconocen la presión a la que están sometidos los emisores por deben publicar y someter a votación un mayor nivel y detalle de información con poco margen de tiempo, y tendremos en cuenta estos factores a la hora de emitir nuestras recomendaciones, aunque esta directiva se aprobó en el 2014 y las empresas que ya informan sobre cuestiones ASG (ambientales, sociales y de gobierno corporativo) solo deberían hacer algunas modificaciones.

ECGS valora los esfuerzos pioneros de España para incrementar la transparencia y conseguir un mejor gobierno corporativo, iniciativa que debe servir como ejemplo al resto de países. Esta Ley es un paso adelante hacia una nueva era de justicia medioambiental y social. El esfuerzo de los emisores debe corresponderse ahora con similares obligaciones para los inversores que esperamos se implanten bien y pronto con la trasposición de la directiva para fomentar la implicación de los accionistas SRD II.