El sistema de resultados semestrales no acaba de calar entre las grandes cotizadas europeas. Aún queda por decidirse EEUU, con Trump y grandes empresarios insistiendo a favor

 

Artículo original por EL CONFIDENCIAL

 

CARLA RAFFIN

 

03/06/2019

España llega un poco tarde… pero llega. Como parte de la lucha a nivel europeo contra la mentalidad de inversión cortoplacista, el Gobierno ha decidido dejar de ser excepción en la UE y permitir la publicación de resultados cada seis meses (en vez de obligar a cada tres). Una medida que, sin embargo, no acaba de calar entre las grandes cotizadas.

La directiva también impulsa una mayor regulación de los asesores de voto, más conocidos como ‘proxy advisors’, estableciendo la obligación de publicar un código de conducta y un informe anual, además de imponer mayor transparencia sobre el conflicto de intereses. Sin embargo, la aplicación geográfica de esta nueva regulación es algo confusa, ya que se aplica a los asesores que tengan su domicilio social en alguno de los países miembro de la Unión Europea, o que bien “tenga su establecimiento principal en España”. Asimismo, la regulación podría dejarse fuera a asesores que concentran una gran cuota del mercado, como los estadounidenses ISS o Glass Lewis, una posibilidad de la que alerta Juan Prieto, fundador del ‘proxy’ español, CORPORANCE.

 

 

 

“Nosotros estamos encantados de que se impulse una mayor transparencia entre los asesores de voto”, explica Prieto.  “Sin embargo, creemos que habría que hacerlo en igualdad de condiciones para todos”, matiza, resaltando que los ‘proxy’ extranjeros tienen mucho poder en este ámbito y que sería positivo que la regulación no impulsase aún más el dominio de unos pocos jugadores del mercado, a costa de otras entidades locales como los partícipes de la alianza europea ECGS.

 

 

 

Otra de las iniciativas clave es la de las llamadas ‘acciones de lealtad’: "se permite que los estatutos otorguen derechos de voto adicionales a las acciones que haya mantenido su titular ininterrumpidamente durante un periodo de tiempo mínimo de dos años”. Un sistema que, si bien está pensado para incentivar la visión largoplacista de los inversores, arriesga reforzar la mayoría de los accionistas de control a perjuicio de los minoritarios, explica Prieto. El propio Gobierno también se da cuenta de este riesgo, por lo que establece que antes de hacerse efectivo en las empresas, este sistema debería ser aprobado por al menos dos tercios del capital en la junta de accionistas. 

1 comentario

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ana heras
2 diciembre, 2019

El artículo me ha parecido muy interesante y muy bien redactado. Bravo

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