Miércoles 29 de Julio 2020

Corporance


La CNMV aprobó el, 26 de junio, la revisión parcial del Código de Buen gobierno de las sociedades cotizadas (20 de 64 recomendaciones, 31%, y 6 de 25 principios, 24%) con cambios en 4 aspectos principales: mayor diversidad en los consejos; importancia de la información no financiera y sostenibilidad; atención a los aspectos y riesgos medioambientales, sociales y de gobernanza, incluyendo reputacionales; y por supuesto remuneraciones.

Como consecuencia, la revisión de los informes anuales de gobierno corporativo y de remuneraciones ya se ha lanzado. Ver proyecto de circular aquí. 

Bastante se ha escrito ya de esta reforma, sobre todo de la nueva cuota del 40% de mujeres en consejos, para 2022. Por supuesto nos parecen bien todas las medidas que favorezcan la diversidad y el cierre de la brecha de género en todos sus aspectos. Sin embargo, echamos de menos medidas más contundentes para aumentar la presencia de mujeres en puestos directivos, el vivero del consejo, como la presencia obligatoria en los comités de dirección o mayores poderes del comité de nombramientos y remuneraciones. Sin cantera, no se soluciona el problema, que no es exactamente de gobierno corporativo, sino de igualdad, justicia y eficiencia. La fecha límite de la transposición era el 10 de junio de 2019. Sí, hace más de un año.  


También destacamos las medidas para promover la asistencia y el voto telemático en juntas de accionistas. La pandemia ha dado la oportunidad para adaptar estatutos y facilitar la participación remota, que algunas compañías han utilizado para filtrar aún más las preguntas incómodas de algunos inversores. Esperemos que sirva para impulsar la implicación de los accionistas tanto minoristas como institucionales y, especialmente extranjeros por problemas de identidad digital y registral. Y hablando de ello…  


En lo que respecta a la Directiva de fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas (SRD II), el Consejo de Ministros aprobó el 14 de julio el Anteproyecto de Ley que la transpone en su mayor parte y en particular la que afecta a emisores, intermediarios, asesores de voto y gestores de fondos. Ya se han aprobado las nuevas obligaciones para los planes y fondos de pensiones (RDL 3/2020 del 4 de febrero y RD 738/2020, de 4 de agosto). 


Esta es sin duda la medida más polémica de la norma, añadida a la directiva en España, no para fomentar el buen gobierno y la implicación de los accionistas, como se ha anunciado desde instancias oficiales y publicado en los medios, sino para favorecer la cotización en la Bolsa española de empresas pequeñas y familiares y establecer un marco legal similar a países de nuestro entorno como Francia, Italia, Holanda o Bélgica.  


En realidad, la Directiva va de implicación de accionistas, la parte más novedosa, con permiso de los asesores de voto, en la legislación española y en la práctica de nuestro mercado, donde los inversores institucionales raramente ejercen sus labores fiduciarias de implicación y vigilancia de las compañías donde invierten, como lo hacen sus pares franceses, alemanes, ingleses o suizos, por no hablar de los norteamericanos. La responsabilidad principal recaerá en las gestoras de fondos que sabrán estar a la altura de las circunstancias.  

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